Restricción del certificado de sello digital

¿Puede el SAT paralizar la facturación de un contribuyente sin haber determinado un solo crédito fiscal? La respuesta es sí. El artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación autoriza a la autoridad para la restricción del certificado de sello digital, de forma temporal, antes de dejarlo sin efectos de forma definitiva. Entre las catorce causales que prevé, dos pertenecen directamente al mecanismo de la fiscalización algorítmica. No son incumplimientos evidentes ni conductas dolosas: son discrepancias detectadas mediante el cruce automatizado de información que la autoridad ya tiene en sus bases de datos. La discrepancia detectada —no el incumplimiento comprobado— es lo que activa la medida.

El umbral normativo: qué autoriza la restricción

El artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación opera como paso previo a dejar sin efectos el certificado de sello digital de forma definitiva. Su primer párrafo dispone:

“Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando:”

A partir de ahí, el precepto enumera catorce causales. Algunas corresponden a supuestos tradicionales: domicilio fiscal no localizado, créditos firmes impagos, comisión de infracciones aduaneras. Sin embargo, dos de ellas trasladan directamente la lógica de la fiscalización algorítmica al terreno operativo: la fracción VII y la fracción V.

La fracción VII: el cruce automatizado como causal

La fracción VII traduce en consecuencia jurídica el mismo cruce de bases de datos que sostiene el artículo 63 de este Código. Dispone:

“Detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades gravados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos, de retenciones o del ejercicio, o bien, las informativas, no concuerden con los ingresos o valor de actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, sus complementos de pago o estados de cuenta o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.”

Esa fórmula reaparece del artículo 63: “bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso”. Es la misma fórmula que presume como cierta la información que la autoridad ya posee. Aquí no se exige que la autoridad pruebe primero el incumplimiento: basta la discrepancia numérica entre lo declarado y lo que arroja el cruce. El propio Servicio de Administración Tributaria reconoció, en su Plan Maestro 2024, que implementa “modelos de analítica de grafos y machine learning… para la clasificación de los contribuyentes de riesgo”. La fracción VII es, en ese sentido, el punto donde esa clasificación se convierte en una medida con efecto inmediato sobre la operación del contribuyente.

La fracción V: el arrastre desde el listado de EFOS

La fracción V liga la restricción del certificado a otro mecanismo ya conocido: la presunción de inexistencia de operaciones del artículo 69-B. Dispone:

“Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69-B de este Código, que no hayan ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido en dicho párrafo, o habiéndolo ejercido, no hayan acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios amparados en los comprobantes expedidos por el contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de dicho artículo, ni corregido su situación fiscal.”

Aquí la restricción no depende de una conducta propia. Depende de haber operado con un contribuyente que apareció en el listado del artículo 69-B, sin haber acreditado después la materialidad de esa operación. Es el mismo efecto de arrastre que ya opera en la presunción de inexistencia: la posición relacional, no la conducta aislada, activa la consecuencia.

El procedimiento de aclaración: plazos y consecuencia de no actuar

El mismo artículo 17-H Bis fija un procedimiento para revertir la restricción. El contribuyente cuenta con cuarenta días hábiles para presentar su solicitud de aclaración. El uso del certificado se restablece al día siguiente de presentarla, mientras la autoridad resuelve. La autoridad, por su parte, debe emitir resolución en un plazo máximo de diez días. Puede requerir información adicional dentro de los primeros cinco días, y el contribuyente cuenta con otros cinco días para responder, prorrogables por única ocasión.

Si el contribuyente no subsana las irregularidades, o si deja transcurrir los cuarenta días sin presentar la solicitud, la consecuencia es definitiva. Las autoridades fiscales dejan sin efectos el certificado de sello digital. Esa pérdida definitiva es, a su vez, causal de cancelación conforme al artículo 17-H, fracción X, del mismo Código.

Presunción legal e inferencia algorítmica: una distinción necesaria

La fracción VII no exige que la autoridad pruebe primero la falsedad de la información del contribuyente. Basta la discrepancia detectada por el cruce para activar la restricción, lo cual traslada al contribuyente la carga de aclarar. Sin embargo, esto no convierte la inferencia algorítmica en un hecho probado. Opera como una presunción legal formal, sujeta a un procedimiento de aclaración donde el contribuyente puede desvirtuarla con pruebas. La detección automatizada activa la medida; no la sostiene por sí sola durante todo el procedimiento.

Conclusión

La restricción del certificado de sello digital ocupa un lugar intermedio dentro de la fiscalización algorítmica. No es un simple comunicado, como ocurre con las facultades de gestión, ni tampoco una facultad de comprobación formal. Es la consecuencia operativa del mismo cruce automatizado que, en otro momento, solo habría generado una carta invitación. Por eso, la defensa más eficaz no empieza cuando llega la restricción. Empieza en la conciliación permanente entre el CFDI emitido, sus complementos de pago y los estados de cuenta bancarios, para que la discrepancia nunca llegue a producirse.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la restricción temporal del certificado de sello digital?

Es una medida prevista en el artículo 17-H Bis del CFF que suspende temporalmente el uso del certificado necesario para emitir CFDI, antes de que la autoridad lo deje sin efectos de forma definitiva.

¿Puede restringirse el CSD sin que exista una auditoría abierta?

Sí. Varias causales, entre ellas la fracción VII del artículo 17-H Bis, operan por la sola detección de discrepancias en un cruce automatizado de bases de datos, sin que medie facultad de comprobación formal.

¿Cuánto tiempo tiene el contribuyente para aclarar la restricción?

Cuenta con cuarenta días hábiles para presentar su solicitud de aclaración. El certificado se restablece al día siguiente de presentarla, mientras la autoridad resuelve en un plazo máximo de diez días.

¿Qué ocurre si no se presenta la solicitud de aclaración a tiempo?

El certificado se deja sin efectos de forma definitiva. Esa pérdida es, además, causal de cancelación conforme al artículo 17-H, fracción X, del CFF.

¿Qué relación tiene esta restricción con el artículo 69-B?

La fracción V del artículo 17-H Bis restringe el certificado de quien recibió comprobantes de un contribuyente incluido en el listado del artículo 69-B y no acreditó después la materialidad de esas operaciones.